Bernardo Ancidey, Director de Ingreso y Desempeño Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), destacó otros logros de las políticas de inclusión implementadas, como la exoneración del costo de los cursos intensivos o de verano; seguro de salud para los todos los estudiantes universitarios del sector público; creación de la Oficina de Atención al Estudiante; construcción de nuevos comedores y dotación de autobuses para el transporte estudiantil.
La expansión de la matrícula del subsistema universitario de 668 mil estudiantes en 1998 a casi 2,2 millones en 2007; el ingreso de 2.500 aspirantes con discapacidad en 2009 y la existencia de una población de 372 mil 367 becarios universitarios en el mismo año; forman parte de las cifras que presentó Bernardo Ancidey, Director de Ingreso y Desempeño Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), durante su ponencia en “Universidad 2010”, congreso que reunió en Cuba recientemente a delegaciones de 60 países del mundo.
Como parte del programa del “IV Encuentro sobre acceso a la educación superior”, Ancidey inició su exposición sobre las políticas de inclusión estudiantil del Gobierno Bolivariano esbozando el contexto donde se desarrollan: Un proceso revolucionario, una Constitución Bolivariana que consagra el derecho a la educación y su gratuidad hasta el pregrado universitario, y una Ley Orgánica de Educación, promulgada en agosto de 2009, que recoge mucho de los principios y políticas que se vienen discutiendo en los últimos años sobre la materia universitaria.
Señaló que desde el Ejecutivo nacional se garantiza la equidad en el acceso a la educación universitaria y se estructuran y fortalecen los sistemas de atención integral al estudiante, pues “no basta asegurar el ingreso, sino también una estructura de apoyo académico-administrativo al estudiante que garantice su prosecución y titulación”.
Destacó además que una característica de las políticas formuladas sobre el sector universitario consiste en que se construyen sobre la base de la más amplia discusión con todos los sectores involucrados, por ejemplo las de discapacidad, que implicaron 5 años de consulta con las propias personas con esta condición, las organizaciones que trabajan con ellas y las comunidades.
Sobre esta última población, Ancidey acotó que el alto ingreso que registraron en 2009 obedeció a la aprobación de una medida de acción afirmativa que permite que las instituciones universitarias reserven 1% de sus plazas de estudio para aspirantes con discapacidad, lo que se acompaña con el desarrollo de un conjunto de servicios destinados a garantizar su prosecución académica, como los Centros de Apoyo Tecnológico y las Unidades de Atención para las Personas con Discapacidad en las universidades venezolanas.
Además, el MPPES emitió en 2007 una Resolución que detalla qué deben realizar las universidades y el Gobierno para lograr que el acceso de esta población hacia el subsistema sea realmente efectivo.
El director mencionó asimismo las acciones ejecutadas para garantizar la inclusión de otros sectores históricamente excluidos, como los indígenas y los privados de libertad. Sobre los primeros, dijo que elaboraron una propuesta de resolución que entregaron para su revisión al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y se construye una Universidad en el estado Amazonas, en el marco de la Misión Alma Mater.
En relación con los privados de libertad, apuntó que llevan dos años trabajando con esta población, logrando ingresar a 600 en 12 programas de estudios que se imparten en 24 centros penitenciarios del país.
En el desarrollo de su ponencia, Ancidey destacó otros logros de las políticas de inclusión implementadas, como la exoneración del costo de los cursos intensivos o de “verano”; seguro de salud para los todos los estudiantes universitarios del sector público; creación de la Oficina de Atención al Estudiante; construcción de nuevos comedores y dotación de autobuses para el transporte estudiantil y que mediante la aplicación de un nuevo modelo de asignación, “54% de quienes actualmente son asignados a las instituciones oficiales pertenecen a los sectores más pobres, es decir, a los estratos (socioeconómicos) cuatro y cinco”.
MPPES